Sistema de formación

Sistema de formación

Para el empleo en el ámbito laboral y para dar cumplimiento a los objetivos y
principios acordados en el marco del Diálogo Social, este real decreto-ley plantea la
reforma del sistema de formación profesional para el empleo en torno a los ejes
vertebradores que se describen a continuación.
El capítulo I describe el objeto de la norma y establece, junto con los fines del sistema
de formación profesional para el empleo, que este será de aplicación en todo el territorio
nacional y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre las
Administraciones públicas competentes y los demás agentes que intervienen en el mismo,
respetando el marco de distribución de competencias.
Los principios inspiradores recogidos en el artículo 3 definen el sistema como marco
coherente de planificación, ejecución eficiente, seguimiento y evaluación permanente,
con entidades que impartan formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de
calidad e instrumentos renovados de información, seguimiento y control. En este sistema
destaca, además, el papel protagonista de la negociación colectiva y del diálogo social
como herramientas esenciales para contar con un sistema más eficaz y orientado a
satisfacer las necesidades reales de empresas y trabajadores.
Ello resulta coherente, asimismo, con la unidad financiera del sistema y de su régimen
económico que garantiza el principio de unidad de caja de la cuota para la formación
profesional.
El nuevo marco legal exige, asimismo, la modificación del artículo 26 de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, para establecer las líneas generales del nuevo modelo
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
El capítulo II introduce, de manera novedosa, los elementos de un sistema eficiente
de observación y prospección del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las
demandas de cualificación y competencias del tejido productivo.

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Resulta necesario corregir una de las principales ineficiencias identificadas en el
sistema: la falta de una adecuada anticipación de las necesidades y la planificación de la
actividad formativa. La formación que se imparta debe responder a un diagnóstico de la
realidad, a un análisis de las necesidades actuales y futuras de empresas y trabajadores,
para cumplir sus fines de forma eficaz. Para ello, el nuevo sistema aprovechará el
potencial de la coordinación de los distintos dispositivos y agentes que realizan análisis y
prospección del mercado de trabajo.
Por ello, el artículo 6 prevé la elaboración, con la participación, entre otros, de las
comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales, las
organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social,
de un escenario estratégico plurianual, referente de la programación de toda la formación
que se imparta en el sistema. Sobre la base del análisis prospectivo mencionado, este
escenario plurianual de planificación estratégica incorporará las tendencias y previsiones
económicas y, junto con el análisis de las cualificaciones de los trabajadores, permitirá
identificar los objetivos de atención prioritaria, así como los indicadores para su
evaluación, que guardarán coherencia con la Estrategia Española de Activación para el
Empleo.
Este escenario, además, incluirá una proyección plurianual estimativa de la
financiación pública para atender las necesidades formativas reales de las empresas y
los trabajadores, en un marco de estabilidad del sistema que favorezca la certidumbre, la
anticipación y las decisiones de inversión.
El artículo 7 introduce de manera inequívoca la concurrencia competitiva abierta a
todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos, como norma general para
la gestión de los fondos destinados a financiar las programaciones formativas de las
distintas Administraciones públicas.
Este principio de concurrencia, que se ha introducido de manera gradual en las
convocatorias de subvenciones durante los últimos años, se establece como rasgo básico
transversal a la gestión de la financiación por parte de todas las Administraciones
competentes en materia de formación profesional. Esta novedad resulta, además,
coherente con las recomendaciones que se desprenden del Informe del Tribunal de
Cuentas de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en
materia de formación de oferta, correspondiente al ejercicio 2010.
Asimismo, el artículo 7 recoge la posibilidad de que las administraciones públicas, en
sus respectivos ámbitos competenciales, puedan articular un «cheque formación» para
trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan.
Se trata de una herramienta novedosa que permitirá la libertad de elección entre las
entidades adheridas a los dispositivos específicos que se desarrollen para su seguimiento.
A estas mejoras de la eficiencia se une la simplificación en el acceso a la financiación
por vías que permitan, al mismo tiempo, garantizar la calidad de la formación. De ahí la
previsión en el artículo 8 de este real decreto-ley de desarrollar el régimen de concesión y
justificación de subvenciones, u otras formas de financiación, a través de módulos, una
vez identificados los precios de mercado de las distintas especialidades formativas.
El capítulo III recoge un nuevo enfoque de las iniciativas de formación profesional
para el empleo, situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del
sistema. Este real decreto-ley plantea un nuevo papel de la formación que programa la
empresa para sus propios trabajadores, llamada a ser la herramienta principal para
ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades cambiantes de los sectores y reforzar
su capacidad de innovación, al tiempo que se satisfacen las necesidades de adaptación,
cualificación y empleabilidad de los trabajadores. En el nuevo modelo todas las empresas
participarán en alguna medida con sus propios recursos en la financiación de la formación
de sus trabajadores.
El artículo 11 prevé que las distintas Administraciones, en sus respectivos ámbitos
competenciales y en lo no previsto en el ámbito de la empresa, completarán la oferta
formativa con su propia programación para los trabajadores ocupados, en la cual las

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organizaciones empresariales y sindicales dejarán de ser titulares de planes de formación,
si bien participarán en su diseño, programación y difusión.
La detección de necesidades se realizará teniendo en cuenta el referido escenario
plurianual y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales, las
organizaciones representativas de autónomos y de la economía social intersectoriales y
cuantas organizaciones o entidades con acreditada experiencia en la materia se decida
por las autoridades competentes.
Asimismo, las Administraciones competentes también programarán formación para
los trabajadores desempleados conforme a lo previsto en el artículo 12, en la que cobrará
un papel especialmente relevante la labor de los servicios públicos de empleo, que
deberán identificar los perfiles y los itinerarios individuales y personalizados de empleo de
los beneficiarios, conforme a las novedades introducidas por la Estrategia Española de
Activación para el Empleo.
En todas las iniciativas mencionadas, se potencia la formación online frente a la
formación a distancia tradicional, que se suprime, de forma coherente con la evolución de
las nuevas tecnologías y las garantías que ofrecen de alcance y calidad de la formación.
Las entidades de formación acreditadas y/o registradas, tanto públicas como privadas,
además de su papel de proveedores de formación, serán corresponsables en el
seguimiento del aprendizaje y su evaluación. Entre las entidades que podrán impartir
formación para el empleo están incluidas las empresas que desarrollen acciones
formativas para sus propios trabajadores, así como para trabajadores de su grupo o red
empresarial, o para desempleados, bien con compromiso de contratación u otro acuerdo
con los Servicios Públicos de Empleo. Para ello, podrán utilizar sus propios medios o
recurrir a su contratación, siempre que sean adecuados para este fin.
El capítulo IV recoge las nuevas previsiones relacionadas con el control de la
formación y el régimen sancionador, con el objetivo de garantizar el principio de tolerancia
cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.
Ello exige la modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en
distintos aspectos para evitar y corregir con éxito situaciones de mala praxis.
Por un lado, se amplían los sujetos responsables para incluir a las entidades de
formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las
empresas. Asimismo, y con el fin de adaptarlos a la normativa vigente y a la realidad
social, se modifican los tipos infractores existentes, se crean tipos nuevos como el
incumplimiento de la prohibición de efectuar subcontrataciones, que se tipifica como
infracción muy grave, y, por último, se exige un mayor reproche administrativo al
considerar una infracción por cada empresa y acción formativa.
Por otro lado, se establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen
en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones y se endurecen las
sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el
empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una
infracción muy grave.
Por último y a fin de garantizar un refuerzo del control y capacidad sancionadora se
prevé la creación de una Unidad Especial de Inspección en el seno de la Dirección
Especial adscrita a la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Este real decreto-ley recoge en su capítulo V la implantación de un sistema integrado
de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y la comparabilidad,
la coherencia y la actualización permanente de toda la información sobre formación
profesional para el empleo que se lleve a cabo en los distintos ámbitos competenciales.
Este sistema integrado permitirá desarrollar tres instrumentos clave de difusión,
garantía de calidad y transparencia para el sistema a que hace referencia el artículo 22: la
Cuenta de Formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional
al objeto de acreditar su historial formativo y de orientar la oferta formativa al incremento
de su empleabilidad; el Catálogo de Especialidades Formativas, que será referente
común de toda la oferta formativa que se programe para los trabajadores ocupados y

 

desempleados y será objeto de actualización permanente; y el Registro Estatal de
Entidades de Formación, de carácter público, al que se incorporarán los resultados de las
auditorías o controles de calidad que se realicen a dichas entidades.
De la mano de los mejores sistemas de información, se introduce un compromiso de
evaluación permanente y en todas las fases del proceso formativo. El énfasis de la
evaluación se sitúa en la calidad y el impacto real de la formación, en términos de mejora
en el desempeño en el puesto de trabajo o de inserción de los trabajadores. Serán estos
resultados los que permitan mejorar la toma de decisiones acerca de la adecuación de las
acciones formativas a las necesidades del mercado y la eficiencia de los recursos
económicos y medios empleados.
Junto con estas evaluaciones, se realizarán auditorías de calidad de las entidades
que impartan la formación y sus resultados se harán públicos, de forma que empresas,
trabajadores y Administraciones dispongan de toda la información posible en un sistema
más transparente.
Por último, el capítulo VI hace referencia a la gobernanza del sistema y define un
nuevo papel para los distintos agentes y órganos que intervienen en el gobierno del
sistema.
Mediante la transformación de los mencionados órganos de gobierno y, en particular,
de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en los que la representación de
la Administración General del Estado deberá ser mayoritaria. El papel de los agentes
sociales en el sistema es objeto de modificaciones de calado: se impulsa su liderazgo en
el diseño estratégico, en la planificación, programación y difusión de la formación
profesional para el empleo, especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados. Se
trata de hacer el mejor aprovechamiento posible de la experiencia y conocimiento que
puede aportar su cercanía al tejido productivo mediante una contribución que
representará, de hecho, una de las grandes fortalezas del nuevo sistema de formación
profesional para el empleo.
De manera coherente con este nuevo papel y con los cambios ya operados en el
sistema desde la reforma laboral de febrero de 2012, los agentes sociales dejan de
participar en la gestión de fondos y en la impartición de la formación como lo hacían hasta
la fecha, dejando este papel a las entidades que imparten formación profesional y que
desarrollarán esta tarea en un nuevo entorno más competitivo.
El real decreto-ley se completa con nueve disposiciones adicionales, dos transitorias,
una derogatoria y siete finales.
La disposición adicional primera recoge la especial atención a las pequeñas y
medianas empresas que deberán promover los servicios públicos de empleo, mientras
que la segunda prevé el impulso al «cheque formación» a través de las medidas que se
propongan en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
La disposición adicional tercera supone un impulso necesario a los instrumentos clave
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, entre los cuales se
encuentran los procedimientos de acreditación de la experiencia laboral, para reforzar las
oportunidades de cualificación, así como la adecuación de las acciones formativas a las
necesidades de los trabajadores y del sistema productivo.
La disposición adicional cuarta se refiere a las medidas necesarias para la elaboración
de estadísticas que reflejen la totalidad de la actividad formativa que se desarrolla en todo
el territorio del Estado.
La disposición adicional quinta prevé la adaptación de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo con arreglo a lo previsto en esta norma.
Por su parte, la disposición adicional sexta hace referencia a la financiación de las
actividades de programación y planificación previstas en el sistema a través del
presupuesto de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
La disposición adicional séptima recoge un mandato al Gobierno para el análisis del
conjunto de bonificaciones a la contratación y reducciones en las cotizaciones a la
Seguridad social en vigor en todos los ámbitos territoriales y su presentación antes del 31
de mayo de 2016.

La disposición adicional octava prevé que los remanentes de crédito destinado al
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que pudieran
producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del Servicio Público de
Empleo Estatal, podrán incorporarse a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio,
conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado que corresponda.
La disposición adicional novena recoge una previsión relativa a la ausencia de
aumento en el gasto público como consecuencia de las medidas de este real decreto-ley.
La transformación del modelo de formación profesional para el empleo no acaba con
la aprobación de este real decreto-ley. En su desarrollo se aprobará un nuevo real decreto
y una orden ministerial que derogarán la totalidad del marco jurídico vigente, constituido
por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo, y todas las normas que lo desarrollan.
Sin embargo, este desarrollo normativo posterior no debe demorar la puesta en
marcha de los elementos esenciales del nuevo modelo de formación profesional para el
empleo descritos anteriormente, que serán de aplicación a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto-ley.
Por ello, la disposición transitoria primera establece que se mantendrá vigente el
citado Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, así como su normativa de desarrollo, sólo
en aquellos aspectos en los que no pueda ser de aplicación directa lo establecido en este
real decreto-ley hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo previsto en el mismo,
detallándose las previsiones que sí serán de aplicación directa para mayor seguridad
jurídica.
En cualquier caso, parte importante de la efectividad de los cambios va más allá del
nuevo marco normativo, pues hay instrumentos y medidas en los que el éxito de su
implantación dependerá de manera fundamental del compromiso de todos los agentes
implicados en el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
La disposición transitoria segunda recoge las competencias de carácter transversal
que deberán tener consideración de prioritarias a efectos de la programación formativa
en 2016.
La disposición final primera hace referencia al título competencial, mientras que la
segunda prevé la organización de la unidad especial de inspección encargada de las
funciones de vigilancia y control en el ámbito de la formación profesional para el empleo.
Mediante la disposición final tercera se modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajador Autónomo, para incorporar a las organizaciones empresariales
entre aquellas con capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores
autónomos y para clarificar determinados extremos relativos a la representatividad de las
organizaciones de autónomos.
Mediante la disposición final cuarta se procede a la integración de los funcionarios y
pensionistas de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra en el Sistema
Nacional de Salud, dando así cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional
tercera de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Asimismo, la disposición final quinta habilita para la modificación por rango reglamentario
de la norma reglamentaria que es objeto de modificación por la disposición final anterior.
Finalmente, la disposición final sexta habilita al Gobierno a realizar los desarrollos
reglamentarios que resulten precisos en ejecución del presente real decreto-ley y la
séptima prevé su entrada en vigor.
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