Disposiciones generales

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la planificación y financiación
del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la programación
y ejecución de las acciones formativas, el control, el seguimiento y el régimen sancionador,
así como el sistema de información, la evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema,
conforme a los fines y principios señalados en los artículos 2 y 3.

2. El sistema de formación profesional para el empleo regulado en este real decreto-
ley dará cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado

español y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la
Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los demás agentes
que intervienen en el mismo para garantizar la unidad de mercado y un enfoque
estratégico de la formación, respetando el marco competencial existente.

Disposiciones generales

Artículo 2. Fines del sistema.
Los fines del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
son:
a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y
ocupados para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y
formación, así como su desarrollo profesional y personal.
b) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
c) Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las
empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las
prácticas adecuados.
d) Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen
mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
e) Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores,
tanto a través de procesos formativos como de la experiencia laboral, sean objeto de
acreditación.
Artículo 3. Principios del sistema.
Los principios que rigen el sistema de formación profesional para el empleo son:
a) El ejercicio del derecho individual a la formación y la garantía de igualdad en el
acceso de los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a
las necesidades del mercado de trabajo.
b) La anticipación a los requerimientos y cambios del modelo productivo, como vía
fundamental para reforzar la calidad y eficacia de la formación.
c) La unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el
desarrollo de las acciones formativas.
d) La negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del
sistema de formación profesional para el empleo, así como la participación de los agentes
sociales en el diseño, planificación y programación de la oferta formativa dirigida a los
trabajadores.
e) La unidad de caja de la cuota de formación profesional y el acceso a una
financiación suficiente, estable y equitativa en el conjunto del sistema de formación
profesional para el empleo, que incluya la financiación proveniente de la citada cuota, de
carácter finalista. Esta financiación deberá gestionarse en régimen de concurrencia
competitiva abierta a todos los proveedores de formación, públicos y privados, acreditados
y/o inscritos conforme a la normativa vigente, para la impartición de toda la programación
formativa aprobada por las distintas Administraciones públicas.
f) La calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.
g) La estabilidad, seguridad y certidumbre que permita la planificación estratégica y
promueva la inversión en recursos formativos.
h) La articulación del sistema a través de la coordinación, la colaboración y la
cooperación interadministrativa en el marco de la competencia normativa del Estado, que
permita la flexibilidad y la optimización de los recursos destinados al sistema.
i) El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios
trabajadores, con la participación de la representación legal de los trabajadores, como vía
ágil y flexible de responder a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y
trabajadores.
j) La medición del impacto de la formación y compromiso con la mejora continua,
mediante el refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, así como la
evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, todo ello en el marco
de los instrumentos que cuenten con la presencia de la Administración y de las
organizaciones empresariales y sindicales.

Disposiciones generales

Artículo 4. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Se modifica el artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que
queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 26. Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral.
1. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
está constituido por el conjunto de iniciativas, programas e instrumentos que tienen
como finalidad impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados
y desempleados una formación que responda a las necesidades del mercado
laboral y esté orientada a la mejora de la empleabilidad de los trabajadores y la
competitividad empresarial, conforme a sus fines y principios.
2. Sin perjuicio de las competencias de ejecución de las comunidades
autónomas, la Administración General del Estado, en el ejercicio de su competencia
normativa plena, ejercerá la coordinación en el diseño estratégico del sistema. Por
su parte, las organizaciones empresariales y sindicales participarán en la
planificación, programación y difusión de la formación profesional para el empleo,
especialmente en la dirigida a los trabajadores ocupados a través de estructuras
paritarias profesionalizadas.
3. En el marco de la planificación estratégica del conjunto del sistema, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la colaboración de las comunidades
autónomas, de las organizaciones empresariales y sindicales y de las
organizaciones representativas de autónomos y de la Economía Social, elaborará
un escenario plurianual de la formación profesional para el empleo y desarrollará
un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo para
detectar y anticipar los cambios en las demandas de cualificación y competencias
del tejido productivo.
4. El sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
dispondrá de una financiación, que incluirá la proveniente de la cuota de formación
profesional, con el fin de otorgarle estabilidad al propio sistema. Esta financiación
deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los
proveedores de formación, acreditados y/o inscritos conforme a la normativa
vigente, para la impartición de toda la programación formativa aprobada por las
distintas Administraciones públicas.
Asimismo, los servicios públicos de empleo podrán proporcionar un cheque
formación a los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su perfil, precisen
realizar acciones formativas concretas para mejorar su empleabilidad.
5. Las iniciativas y las acciones de formación profesional para el empleo
estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las
competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo
de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las
personas, las empresas, los territorios y los sectores productivos.
6. Las Administraciones públicas competentes promoverán el mantenimiento
de una red de entidades de formación, públicas y privadas, que junto a sus centros
propios, garantice una permanente oferta de formación para el empleo de calidad.
Asimismo, realizarán un seguimiento y control efectivo de las acciones
formativas, que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de
impartición y se ampliará más allá de la mera comprobación de requisitos y
formalidades, incorporando los resultados de la formación y contribuyendo a la
garantía de su calidad. Para ello, reforzarán sus instrumentos y medios de control,
así como su capacidad sancionadora a través de una Unidad Especial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
7. El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el
ámbito laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de

 

Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del
proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de
formación.
8. El sistema de formación profesional para el empleo contará con un sistema
integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas y
la comparabilidad, la coherencia y la actualización permanente de toda la
información sobre formación profesional para el empleo, que quedará recogida en
un portal único.
9. La Administraciones públicas competentes impulsarán su colaboración y
coordinación para la mejora de la calidad, eficacia y eficiencia del sistema de
formación profesional para el empleo. Asimismo, impulsarán procesos de
evaluación permanente y en todas las fases del proceso formativo, como garantía
de calidad de la formación, de manera que permitan conocer su impacto en el
acceso y mantenimiento del empleo.»